Los mapuches y un discurso mediático de terror
Mientras Santiago Maldonado continúa desaparecido (y todo hace pensar que la Gendarmería Nacional está implicada en el hecho) y Facundo Jones Huala sigue pasando sus días en la cárcel, autoridades del gobierno y periodistas sensacionalistas, como el inefable Jorge Lanata, compiten por instalar la idea de un nuevo enemigo público: el terrorista mapuche. Ya se escuchan amplificadas las viejas cantinelas que, al menos en el sur, tienen larga data. Pero ahora la audiencia alcanza a todo el país. Es un buen momento, pues, para aclarar cuestiones, refutar tonterías y sentar posición.
Ariel Petruccelli
Quiñe: hacerse cargo
Aunque suene de mal gusto y pocos estén dispuestos a reconocerlo, la Argentina es un estado colonial. Ejerce indudablemente un colonialismo interno, y ocupa territorios de pueblos originarios arrebatados por la fuerza de las armas a finales del siglo XIX. Esto no es materia opinable. No es interpretación: es una pura descripción objetiva que ningún historiador honesto podría rechazar. Como historiador y como argentino tengo la obligación de plantear esta incómoda verdad (sin hacer concesiones, de paso, a las sonseras de la pos-verdad, que no es otra cosa que el viejo relativismo arropado con nuevas prendas, pero igual de insulso).
En cuanto a la afirmación de que los mapuches son en realidad chilenos, sólo cabe decir que carece de toda pertinencia histórica. Los mapuches habitaban un territorio que se extendía a ambos lados de la cordillera de los Andes, desde muchos tiempo antes de que los Estados de Chile y Argentina tuvieran existencia. La campaña militar de Roca fue una invasión violenta que tuvo por finalidad la apropiación para la clase terrateniente argentina de las ricas tierras de los mapuches. Un despojo, ni más ni menos.
Epu: ¿hemos avanzado?
Algunos dirán que bueno, que la ocupación, el despojo y el etnocidio cometido contra los pueblos originarios del actual territorio del estado argentino es una desgracia, pero que es necesario superar el pasado y que, en los últimos años, se ha reconocido legalmente su carácter de pueblos preexistentes y se han sancionado leyes favorables. Ante esto, hay que decir sin embages que aunque ha habido algunas mejoras, la inmensa mayoría de la población mapuche, qom, wichi, etc., continúa sumida en la pobreza, sin haber recibido reparaciones territoriales, carente de autonomía, sujeta a presiones estatales y privadas que degradan su cultura. Quizá las autoridades públicas o los argentinos creamos sinceramente que se ha avanzado. Pero, en realidad, habría que preguntarles a ellos: ¿estamos seguros que nos darán la razón?
Küla: Las cartas sobre la mesa
En mi opinión, el Estado argentino debería reconocerse como lo que efectivamente es: un estado plurinacional y multicultural. Hay muchos habitantes del territorio estatal que no se reconocen como argentinos, y son además descendientes de pueblos que lo habitaban desde hace siglos e incluso milenios.
Superar el colonialismo y el racismo que lo informa (presente en la vida cotidiana, como bien lo saben sus víctimas, y como persiste en ignorar buena parte de la población perteneciente a la etnia mayoritaria: esto es, la argentina) entraña avanzar hacia una auténtica y genuina interculturalidad. La misma presupone cierta simetría entre las partes (hoy inexistente) y, desde luego, respeto mutuo. Para limpiar nuestra honra de la suciedad del colonialismo y del racismo todavía vigentes, hay que pensar seriamente en vías genuinas de reparación histórica que incluyan lo económico, lo lingüístico, lo cultural, lo político y lo territorial.
Meli: Resistencia
Todo grupo oprimido o explotado tiene derecho moral a resistir y rebelarse. Y el colonizador carece de legitimidad para dictaminar sobre las formas de esa resistencia. Exigirle a un grupo oprimido que se abstenga de cualquier tipo de violencia es desarmarlo de antemano. Esto no significa, sin embargo, que se deba aceptar a-críticamente todo tipo, forma y grado de violencia perpetrada por los oprimidos. En absoluto. Las acciones de violencia política habrá que evaluarlas y juzgarlas en su concreta historicidad.
Kechu: ¿Terrorismo?
Ya circula en la Argentina la acusación que desde hace décadas es en Chile (otro estado colonial) moneda corriente: hay mapuches terroristas. La afirmación carece de todo rigor, salvo que llamemos terrorismo a cualquier cosa. En este punto quisiera citar a José Marimán, un intelectual mapuche lúcido, riguroso y honesto: “[R]echazo enfáticamente la idea de que los mapuches estén actuando como terroristas, según intentan instalar en el imaginario político social algunos representantes de las elites y grupos de poder. Manifiesto que las acciones imputadas a los mapuches de sabotaje y que afectan maquinaria agrícola, instalaciones agrícolas o forestales, o camiones, no se mueven en la lógica de una definición más/menos aceptada de terrorismo. Esto es, una acción dirigida conscientemente hacia una población civil, por una o ambas partes beligerantes en un conflicto” (José Marimán, Awkan tañi müleam Mapu Kimüm. Mañke ñi pu kintun (Combates por una historia mapuche. La perspectiva de un cóndor), Centros de estudios Rümtun – Heinrich Böll Stiftung, 2017, p. 125).
Ariel Petruccelli
Quiñe: hacerse cargo
Aunque suene de mal gusto y pocos estén dispuestos a reconocerlo, la Argentina es un estado colonial. Ejerce indudablemente un colonialismo interno, y ocupa territorios de pueblos originarios arrebatados por la fuerza de las armas a finales del siglo XIX. Esto no es materia opinable. No es interpretación: es una pura descripción objetiva que ningún historiador honesto podría rechazar. Como historiador y como argentino tengo la obligación de plantear esta incómoda verdad (sin hacer concesiones, de paso, a las sonseras de la pos-verdad, que no es otra cosa que el viejo relativismo arropado con nuevas prendas, pero igual de insulso).
En cuanto a la afirmación de que los mapuches son en realidad chilenos, sólo cabe decir que carece de toda pertinencia histórica. Los mapuches habitaban un territorio que se extendía a ambos lados de la cordillera de los Andes, desde muchos tiempo antes de que los Estados de Chile y Argentina tuvieran existencia. La campaña militar de Roca fue una invasión violenta que tuvo por finalidad la apropiación para la clase terrateniente argentina de las ricas tierras de los mapuches. Un despojo, ni más ni menos.
Epu: ¿hemos avanzado?
Algunos dirán que bueno, que la ocupación, el despojo y el etnocidio cometido contra los pueblos originarios del actual territorio del estado argentino es una desgracia, pero que es necesario superar el pasado y que, en los últimos años, se ha reconocido legalmente su carácter de pueblos preexistentes y se han sancionado leyes favorables. Ante esto, hay que decir sin embages que aunque ha habido algunas mejoras, la inmensa mayoría de la población mapuche, qom, wichi, etc., continúa sumida en la pobreza, sin haber recibido reparaciones territoriales, carente de autonomía, sujeta a presiones estatales y privadas que degradan su cultura. Quizá las autoridades públicas o los argentinos creamos sinceramente que se ha avanzado. Pero, en realidad, habría que preguntarles a ellos: ¿estamos seguros que nos darán la razón?
Küla: Las cartas sobre la mesa
En mi opinión, el Estado argentino debería reconocerse como lo que efectivamente es: un estado plurinacional y multicultural. Hay muchos habitantes del territorio estatal que no se reconocen como argentinos, y son además descendientes de pueblos que lo habitaban desde hace siglos e incluso milenios.
Superar el colonialismo y el racismo que lo informa (presente en la vida cotidiana, como bien lo saben sus víctimas, y como persiste en ignorar buena parte de la población perteneciente a la etnia mayoritaria: esto es, la argentina) entraña avanzar hacia una auténtica y genuina interculturalidad. La misma presupone cierta simetría entre las partes (hoy inexistente) y, desde luego, respeto mutuo. Para limpiar nuestra honra de la suciedad del colonialismo y del racismo todavía vigentes, hay que pensar seriamente en vías genuinas de reparación histórica que incluyan lo económico, lo lingüístico, lo cultural, lo político y lo territorial.
Meli: Resistencia
Todo grupo oprimido o explotado tiene derecho moral a resistir y rebelarse. Y el colonizador carece de legitimidad para dictaminar sobre las formas de esa resistencia. Exigirle a un grupo oprimido que se abstenga de cualquier tipo de violencia es desarmarlo de antemano. Esto no significa, sin embargo, que se deba aceptar a-críticamente todo tipo, forma y grado de violencia perpetrada por los oprimidos. En absoluto. Las acciones de violencia política habrá que evaluarlas y juzgarlas en su concreta historicidad.
Kechu: ¿Terrorismo?
Ya circula en la Argentina la acusación que desde hace décadas es en Chile (otro estado colonial) moneda corriente: hay mapuches terroristas. La afirmación carece de todo rigor, salvo que llamemos terrorismo a cualquier cosa. En este punto quisiera citar a José Marimán, un intelectual mapuche lúcido, riguroso y honesto: “[R]echazo enfáticamente la idea de que los mapuches estén actuando como terroristas, según intentan instalar en el imaginario político social algunos representantes de las elites y grupos de poder. Manifiesto que las acciones imputadas a los mapuches de sabotaje y que afectan maquinaria agrícola, instalaciones agrícolas o forestales, o camiones, no se mueven en la lógica de una definición más/menos aceptada de terrorismo. Esto es, una acción dirigida conscientemente hacia una población civil, por una o ambas partes beligerantes en un conflicto” (José Marimán, Awkan tañi müleam Mapu Kimüm. Mañke ñi pu kintun (Combates por una historia mapuche. La perspectiva de un cóndor), Centros de estudios Rümtun – Heinrich Böll Stiftung, 2017, p. 125).
La inmensa mayoría de las acciones de lucha mapuche son pacíficas, y en los casos en los que se recurre a algún tipo de violencia, como en los reseñado por Marimán, se trata de acciones defensivas que no tienen por objetivo ni la vida de civiles (lo que podría ser catalogado legítimamente de terrorismo) ni son acciones contra las fuerzas de armadas y de seguridad (lo que podría se catalogado como lucha armada). Se trata siempre de atentados contra la propiedad: simples formas de acción directa o sabotaje. Presentar estas acciones como actos de terrorismo (y juzgar a sus perpetradores bajo tal figura, como sucede habitualmente en contextos de rebeldía anti-colonial, como sucede tanto en Chile como en Argentina ) es una forma más de colonialismo (la misma acción realizada por un miembro de la etnia dominante sería catalogada de simple delito o disculpada como un acto de locura). Y el colonialismo, se sabe, se funda en la violencia y tarde o temprano produce contra-violencia de los colonizados. No tengo ningún empacho en repudiar toda forma de terrorismo: el de ISIS y el de USA. Pero, no hay, no existe, terrorismo mapuche.
Kayu: diversidades
Aunque sea obvio, vale la pena repetirlo. El mundo mapuche es un mundo tan diverso como cualquier otro. Hay mapuches de derecha y de izquierda, rurales y urbanos, esencialistas y anti-esencialistas, tradicionalistas y modernistas (incluso pos-modernistas), autoritarios y democráticos, espiritualistas y materialistas. En su interior florecen diferentes proyectos políticos. Antes de hablar desde el prejuicio y, sobre todo, antes de de abrazarlos o condenarlos en bloque, lo correcto sería conocerlos, en su inmensa diversidad. Su cultura es una cultura viva, oprimida pero vital. Y como cualquier cultura, cambia, muta, se transforma. Afirmar que alguien no es mapuche porque no habla mapuzugun o porque vive en la ciudad es, simplemente, no entender nada de nada.
Regle: ¿secesión, autonomía, estado?
Como recientemente nos recordara Diana Lenton en un artículo de todo punto de vista recomendable (“El nuevo enemigo público”, publicado en Anfibia) “a pesar del maltrato recibido durante siglos, y a pesar de esta diversidad interna que posibilita toda clase de respuestas, no hay prueba, hasta hoy, de la existencia de un proyecto secesionista –y mucho menos, violento- entre los líderes mapuches de este lado de la cordillera, tal como comenzaron a agitar de la noche a la mañana algunos funcionarios”. Cabría agregar, por lo demás que tampoco lo hay del otro lado. Es decir, no hay en todo el Wallmapu, territorio mapuche a ambos lados de los Andes, ningún proyecto secesionista. Lo que hay, a lo sumo y reconocido en documentos político-jurídicos de las Naciones Unidas referidos a los Pueblos Indígenas, son propuestas de autonomía y autogobiernos: y lo interesante para conocer y analizar en términos de política intercultural, es decir, tal como debiéramos comenzar asumir los análisis políticos en un país multilcultural como es este en el que vivimos, es que en el caso de las públicamente conocidas por quién quiera informarse, se trata de propuestas de autonomía concebidas para todos los habitantes de la región, mapuche y no-mapuche.
Pura: ¿anti-capitalismo?
Las organizaciones mapuches que han recurrido y recurren al sabotaje y a la acción directa -como la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) en Ngullumapu, territorio mapuche en Chile, o como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en Puelmapu, territorio mapuche en Argentina- suelen esgrimir un fuerte discurso anti-capitalista: sus enemigos más inmediatos, de hecho, son las corporaciones forestales o el latifundista extranjero Benetton. Sería erróneo, empero, pensar que todos los mapuches, o la mayoría, son anti-capitalistas. No lo son, al menos no por ahora.
Kayu: diversidades
Aunque sea obvio, vale la pena repetirlo. El mundo mapuche es un mundo tan diverso como cualquier otro. Hay mapuches de derecha y de izquierda, rurales y urbanos, esencialistas y anti-esencialistas, tradicionalistas y modernistas (incluso pos-modernistas), autoritarios y democráticos, espiritualistas y materialistas. En su interior florecen diferentes proyectos políticos. Antes de hablar desde el prejuicio y, sobre todo, antes de de abrazarlos o condenarlos en bloque, lo correcto sería conocerlos, en su inmensa diversidad. Su cultura es una cultura viva, oprimida pero vital. Y como cualquier cultura, cambia, muta, se transforma. Afirmar que alguien no es mapuche porque no habla mapuzugun o porque vive en la ciudad es, simplemente, no entender nada de nada.
Regle: ¿secesión, autonomía, estado?
Como recientemente nos recordara Diana Lenton en un artículo de todo punto de vista recomendable (“El nuevo enemigo público”, publicado en Anfibia) “a pesar del maltrato recibido durante siglos, y a pesar de esta diversidad interna que posibilita toda clase de respuestas, no hay prueba, hasta hoy, de la existencia de un proyecto secesionista –y mucho menos, violento- entre los líderes mapuches de este lado de la cordillera, tal como comenzaron a agitar de la noche a la mañana algunos funcionarios”. Cabría agregar, por lo demás que tampoco lo hay del otro lado. Es decir, no hay en todo el Wallmapu, territorio mapuche a ambos lados de los Andes, ningún proyecto secesionista. Lo que hay, a lo sumo y reconocido en documentos político-jurídicos de las Naciones Unidas referidos a los Pueblos Indígenas, son propuestas de autonomía y autogobiernos: y lo interesante para conocer y analizar en términos de política intercultural, es decir, tal como debiéramos comenzar asumir los análisis políticos en un país multilcultural como es este en el que vivimos, es que en el caso de las públicamente conocidas por quién quiera informarse, se trata de propuestas de autonomía concebidas para todos los habitantes de la región, mapuche y no-mapuche.
Pura: ¿anti-capitalismo?
Las organizaciones mapuches que han recurrido y recurren al sabotaje y a la acción directa -como la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) en Ngullumapu, territorio mapuche en Chile, o como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en Puelmapu, territorio mapuche en Argentina- suelen esgrimir un fuerte discurso anti-capitalista: sus enemigos más inmediatos, de hecho, son las corporaciones forestales o el latifundista extranjero Benetton. Sería erróneo, empero, pensar que todos los mapuches, o la mayoría, son anti-capitalistas. No lo son, al menos no por ahora.
Aylla: Solidaridad
La causa mapuche reclama la solidaridad de todos los hombres y mujeres honestos que condenen toda forma de opresión, sea la que sea y la cometa quién la cometa. Solidaridad, sin paternalismo. Luchando codo a codo, libres e iguales, por un mundo que nos incluya a todos/as. Pukem antü mew 2017, Newken waria, Puelmapu
Ariel Petruccelli. Historiador UNCo.
Fuente: http://www.revistavientodelsur.com.ar/los-mapuche-y-un-discurso-de-terror/
---------------------
Detrás de la campaña antimapuche, el verdadero objetivo: Quieren sus tierras.
Un bombardeo mediático que apunta instalar nuevamente, como hace 150 años, la idea de que los pueblos originarios son salvajes y violentos. Todo a base de mentiras y burdas generalizaciones. La desaparición de Santiago, y la indiferencia oficial, pareciera dar el mensaje de que cualquier joven de la ciudad debe pensar bien antes de solidarizarse con las causas indígenas.
La causa mapuche reclama la solidaridad de todos los hombres y mujeres honestos que condenen toda forma de opresión, sea la que sea y la cometa quién la cometa. Solidaridad, sin paternalismo. Luchando codo a codo, libres e iguales, por un mundo que nos incluya a todos/as. Pukem antü mew 2017, Newken waria, Puelmapu
Ariel Petruccelli. Historiador UNCo.
Fuente: http://www.revistavientodelsur.com.ar/los-mapuche-y-un-discurso-de-terror/
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Detrás de la campaña antimapuche, el verdadero objetivo: Quieren sus tierras.
Un bombardeo mediático que apunta instalar nuevamente, como hace 150 años, la idea de que los pueblos originarios son salvajes y violentos. Todo a base de mentiras y burdas generalizaciones. La desaparición de Santiago, y la indiferencia oficial, pareciera dar el mensaje de que cualquier joven de la ciudad debe pensar bien antes de solidarizarse con las causas indígenas.
Por Diego Monton
El Gobierno Nacional ha desatado una fuerte campaña de estigmatización y criminalización delpueblo mapuche y sus organizaciones, en ese marco se produce la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Un bombardeo mediático que apunta instalar nuevamente, como hace 150 años, la idea de que los pueblos originarios son salvajes y violentos. Todo a base de mentiras y burdas generalizaciones. La desaparición de Santiago, y la indiferencia oficial, pareciera dar el mensaje de que cualquier joven de la ciudad debe pensar bien antes de solidarizarse con las causas indígenas.
Sin embargo, no es solo contra el Pueblo Mapuche. Ya en noviembre del año pasado tanto el Diario La Nación como Clarín publicaron varias notas sobre casos en los que acusaban a “falsos indígenas” de “usurpar” campos de empresarios e inversores. Las notas hacen referencia a Salta, Santiago del Estero y Jujuy.
En abril de este año, Gabriel Levinas, tituló en Clarín: “El fantasma de los Diaguitas, y una disputa absurda y cruel en los Valles Calchaquíes”, nota en la cual niega la existencia de los Diguitas, miente y descalifica a los referentes indígenas de la zona y luego arremete en defensa de un empresario.
¿Cual es la motivación de esta sucia campaña? Aquí un posible hipótesis
Pretenden anular la ley 26.160, y generar las condiciones para que el capital financiero internacional profundice la subordinación de nuestras tierras y territorios a sus dinámicas especulativas.
En el marco de la crisis global del capitalismo, los capitales especulativos desarrollaron estrategias para mantener sus tasas de acumulación de la mano de la mercantilización de la tierra y los bienes naturales. Lo que se tradujo en una ofensiva en todo el mundo, empresas y capitales que operaron procesos de acaparamiento y concentración de la tierra.
Argentina no fue una excepción, sin embargo, el kirchnerismo tomó cuenta de las luchas y demandas de diversas organizaciones y movimientos y se sancionaron una serie de Leyes que adquieren un carácter estratégico en ese contexto.
En el año 2006, la ley 26.160, amparada en el artículo 75 de la Constitución Nacional, declara la Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. En el año 2009, fue sancionada la ley 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que plantea un ordenamiento territorial para evitar el desmonte indiscriminado, en el año 2011 la Ley de Tierras rurales (26.137) que regula y pone freno a la extranjerización de la Tierra, y en 2015 la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar que entre varias medidas, legisla la suspensión de los desalojos a familias campesinas.
A medio camino quedó la inclusión de la función social de la propiedad en el nuevo código civil, aunque se dio paso en el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena. Estas leyes, que bien se pueden analizar desde la perspectiva de nuevos derechos, (avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, las comunidades campesinas y los agricultores familiares) también son herramientas que ponen al Estado en un rol de control y regulación de los movimientos del capital financiero y conformaron un gran avance en la perspectiva de preservar los bienes comunes frente al avasallamiento privatizador del Neoliberalismo.
La concepción sobre el necesario desarrollo colectivo para lograr el bienestar individual, podemos encontrarla en la mayoría de los habitantes del campo profundo,( agricultores familiares, campesinos y pueblos originarios), pues en la vida rural, se vive y sobrevive de la mano de la solidaridad. Además la relación con la tierra, la naturaleza y la producción es una relación que va mucho mas allá de la ganancia, es una forma de vida, la tierra, es trabajo, es cultura, es memoria y es identidad. Esto plantea una contradicción fundamental con la lógica del capital financiero, lo que se traduce en conflictos territoriales que en innumerables ocasiones derivan en situaciones violentas, pues empresarios inescrupulosos intentan apropiarse de la tierra al costo que sea, que en muchos casos ha sido vidas humanas. Esta conflictividad es permanente, aunque no tiene la visibilidad que debiera por darse alejada de los centros urbanos.
En el año 2013, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la nación publicó un “Revelamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares” dando cuenta de 857 situaciones de conflictos en todo el país, abarcando una superficie del territorio nacional del orden de 9.293.233,80 hectáreas que afectan a 63.843 familias de agricultores familiares.
Los gobiernos kirchneristas crearon condiciones para que estos conflictos adquieran visibilidad institucional, así surgieron las leyes mencionadas, y también quedaron otras en el camino. La democracia llegó también para los campesinos indígenas y se dio un intenso proceso de formación política de las organizaciones que quizás no estaban del todo preparadas para los escenarios institucionales.
Las características de clase del bloque que llegó al poder de la mano de Macri y Cambiemos no nos dejan lugar a dudas, pertenecen en su gran mayoría a los sectores económicos concentrados que históricamente estrecharon alianzas con el poder colonial e imperial, y hoy buscaran por todos los medios terminar con todo lo que obstaculice la libre circulación del capital y el saqueo de nuestros bienes comunes en manos de las corporaciones transnacionales. El Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesino Indígena ya no cumple el rol para el que fue creado. Las organizaciones Campesinas, de la agricultura familiar y de pueblos originarios, prácticamente no tienen espacios de participación en el Estado, nuevamente todo el escenario institucional es de la Sociedad Rural y las transnacionales.
Desde su llegada al poder, comenzaron la contraofensiva acorde a los intereses neoliberales, la Ley de Reparación histórica de la Agricultura Familiar ( que entre muchas otras cosas plantea la suspensión de los desalojos de familias campesinas) nunca fue reglamentada a pesar de que estaba listo el proyecto y el informe para hacerlo. A la ley de Tierras rurales, el presidente Mauricio Macri la flexibilizó a la medida de las empresas extranjeras, mediante el decreto 820/2016. Respecto a la ley de Bosques Nativos comenzaron haciendo ensayos de modificación en Córdoba, pero el movimiento campesino, organizaciones ecologistas y sindicales los frenaron.
La ley 26160 debe prorrogarse en noviembre o de lo contrario pierde vigencia. El Instituto nacional de Asuntos indígenas, ha relevado el territorio de 759 de las 1532 comunidades registradas de pueblos originarios, falta a relevar mas del 60% para determinar su territorio y luego establecer los títulos de propiedad comunitaria.
De no prorrogarse esta ley , mas de 1500 comunidades vuelven a quedar jurídicamente vulnerables a desalojos. Hay tres proyectos en la Camara de Senadores para lograr esta prorroga y sin embargo se viene dilatando su tratamiento.
Sostenemos, que toda la campaña contra el pueblo mapuche esta inserta en este proceso y que uno de los objetivos es la anulación de la ley 26160 para quitar herramientas jurídicas a las comunidades.
Como lo han demostrado históricamente, los pueblos originarios no cederán, han defendido la tierra, la vida y la cultura por mas de 500 años, los campesinos y campesinas tampoco se dejaran arrebatar la tierra sin presentar resistencia. La disparidad de fuerzas es enorme, de un lado trabajadores y trabajadoras de la tierra, del otro grandes corporaciones apoyadas por el propio gobierno nacional, los medios hegemónicos de comunicación y un sector del poder judicial. Pero, la solidaridad de los trabajadores y una mayor articulación de las luchas urbanas con las luchas agrarias y populares cambiaría el escenario. La ética y la razón están del lado de los campesinos indígenas.
Pero, lo que esta en juego, no es solo la vida y la cultura de los pueblos agrarios, es mucho mas que eso, es que la tierra y los bienes naturales queden totalmente subordinados al capital financiero, a los buitres, a la timba. Esta en juego la soberanía alimentaria, las fuentes de agua dulce y los bosques.
Quizás sea tiempo de que el movimiento popular en su conjunto, (el movimiento sindical, los intelectuales, artistas, políticos), profundice el debate sobre la tierra como un tema central para la emancipación de nuestro pueblo. Ahora, en plena campaña, donde debatimos sobre que modelo de país queremos, sería importante poder contextualizar que la estigmatización del pueblo mapuche, la desaparición de Santiago Maldonado, la militarización de los territorios requiere propuestas políticas de fondo, entre ellas la función social de la tierra, desde una perspectiva pluricultural, que priorice los intereses del pueblo y garantice un desarrollo en armonía con la naturaleza, como uno de los pilares para construir la justicia social y para que las generaciones venideras también puedan debatir su futuro.
*El autor es miembro de la Coordinacíon Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y de la Secretaria de Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) Vía Campesina.
Fuente: Infonews http://www.infonews.com
El Gobierno Nacional ha desatado una fuerte campaña de estigmatización y criminalización delpueblo mapuche y sus organizaciones, en ese marco se produce la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Un bombardeo mediático que apunta instalar nuevamente, como hace 150 años, la idea de que los pueblos originarios son salvajes y violentos. Todo a base de mentiras y burdas generalizaciones. La desaparición de Santiago, y la indiferencia oficial, pareciera dar el mensaje de que cualquier joven de la ciudad debe pensar bien antes de solidarizarse con las causas indígenas.
Sin embargo, no es solo contra el Pueblo Mapuche. Ya en noviembre del año pasado tanto el Diario La Nación como Clarín publicaron varias notas sobre casos en los que acusaban a “falsos indígenas” de “usurpar” campos de empresarios e inversores. Las notas hacen referencia a Salta, Santiago del Estero y Jujuy.
En abril de este año, Gabriel Levinas, tituló en Clarín: “El fantasma de los Diaguitas, y una disputa absurda y cruel en los Valles Calchaquíes”, nota en la cual niega la existencia de los Diguitas, miente y descalifica a los referentes indígenas de la zona y luego arremete en defensa de un empresario.
¿Cual es la motivación de esta sucia campaña? Aquí un posible hipótesis
Pretenden anular la ley 26.160, y generar las condiciones para que el capital financiero internacional profundice la subordinación de nuestras tierras y territorios a sus dinámicas especulativas.
En el marco de la crisis global del capitalismo, los capitales especulativos desarrollaron estrategias para mantener sus tasas de acumulación de la mano de la mercantilización de la tierra y los bienes naturales. Lo que se tradujo en una ofensiva en todo el mundo, empresas y capitales que operaron procesos de acaparamiento y concentración de la tierra.
Argentina no fue una excepción, sin embargo, el kirchnerismo tomó cuenta de las luchas y demandas de diversas organizaciones y movimientos y se sancionaron una serie de Leyes que adquieren un carácter estratégico en ese contexto.
En el año 2006, la ley 26.160, amparada en el artículo 75 de la Constitución Nacional, declara la Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. En el año 2009, fue sancionada la ley 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que plantea un ordenamiento territorial para evitar el desmonte indiscriminado, en el año 2011 la Ley de Tierras rurales (26.137) que regula y pone freno a la extranjerización de la Tierra, y en 2015 la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar que entre varias medidas, legisla la suspensión de los desalojos a familias campesinas.
A medio camino quedó la inclusión de la función social de la propiedad en el nuevo código civil, aunque se dio paso en el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena. Estas leyes, que bien se pueden analizar desde la perspectiva de nuevos derechos, (avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, las comunidades campesinas y los agricultores familiares) también son herramientas que ponen al Estado en un rol de control y regulación de los movimientos del capital financiero y conformaron un gran avance en la perspectiva de preservar los bienes comunes frente al avasallamiento privatizador del Neoliberalismo.
La concepción sobre el necesario desarrollo colectivo para lograr el bienestar individual, podemos encontrarla en la mayoría de los habitantes del campo profundo,( agricultores familiares, campesinos y pueblos originarios), pues en la vida rural, se vive y sobrevive de la mano de la solidaridad. Además la relación con la tierra, la naturaleza y la producción es una relación que va mucho mas allá de la ganancia, es una forma de vida, la tierra, es trabajo, es cultura, es memoria y es identidad. Esto plantea una contradicción fundamental con la lógica del capital financiero, lo que se traduce en conflictos territoriales que en innumerables ocasiones derivan en situaciones violentas, pues empresarios inescrupulosos intentan apropiarse de la tierra al costo que sea, que en muchos casos ha sido vidas humanas. Esta conflictividad es permanente, aunque no tiene la visibilidad que debiera por darse alejada de los centros urbanos.
En el año 2013, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la nación publicó un “Revelamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares” dando cuenta de 857 situaciones de conflictos en todo el país, abarcando una superficie del territorio nacional del orden de 9.293.233,80 hectáreas que afectan a 63.843 familias de agricultores familiares.
Los gobiernos kirchneristas crearon condiciones para que estos conflictos adquieran visibilidad institucional, así surgieron las leyes mencionadas, y también quedaron otras en el camino. La democracia llegó también para los campesinos indígenas y se dio un intenso proceso de formación política de las organizaciones que quizás no estaban del todo preparadas para los escenarios institucionales.
Las características de clase del bloque que llegó al poder de la mano de Macri y Cambiemos no nos dejan lugar a dudas, pertenecen en su gran mayoría a los sectores económicos concentrados que históricamente estrecharon alianzas con el poder colonial e imperial, y hoy buscaran por todos los medios terminar con todo lo que obstaculice la libre circulación del capital y el saqueo de nuestros bienes comunes en manos de las corporaciones transnacionales. El Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesino Indígena ya no cumple el rol para el que fue creado. Las organizaciones Campesinas, de la agricultura familiar y de pueblos originarios, prácticamente no tienen espacios de participación en el Estado, nuevamente todo el escenario institucional es de la Sociedad Rural y las transnacionales.
Desde su llegada al poder, comenzaron la contraofensiva acorde a los intereses neoliberales, la Ley de Reparación histórica de la Agricultura Familiar ( que entre muchas otras cosas plantea la suspensión de los desalojos de familias campesinas) nunca fue reglamentada a pesar de que estaba listo el proyecto y el informe para hacerlo. A la ley de Tierras rurales, el presidente Mauricio Macri la flexibilizó a la medida de las empresas extranjeras, mediante el decreto 820/2016. Respecto a la ley de Bosques Nativos comenzaron haciendo ensayos de modificación en Córdoba, pero el movimiento campesino, organizaciones ecologistas y sindicales los frenaron.
La ley 26160 debe prorrogarse en noviembre o de lo contrario pierde vigencia. El Instituto nacional de Asuntos indígenas, ha relevado el territorio de 759 de las 1532 comunidades registradas de pueblos originarios, falta a relevar mas del 60% para determinar su territorio y luego establecer los títulos de propiedad comunitaria.
De no prorrogarse esta ley , mas de 1500 comunidades vuelven a quedar jurídicamente vulnerables a desalojos. Hay tres proyectos en la Camara de Senadores para lograr esta prorroga y sin embargo se viene dilatando su tratamiento.
Sostenemos, que toda la campaña contra el pueblo mapuche esta inserta en este proceso y que uno de los objetivos es la anulación de la ley 26160 para quitar herramientas jurídicas a las comunidades.
Como lo han demostrado históricamente, los pueblos originarios no cederán, han defendido la tierra, la vida y la cultura por mas de 500 años, los campesinos y campesinas tampoco se dejaran arrebatar la tierra sin presentar resistencia. La disparidad de fuerzas es enorme, de un lado trabajadores y trabajadoras de la tierra, del otro grandes corporaciones apoyadas por el propio gobierno nacional, los medios hegemónicos de comunicación y un sector del poder judicial. Pero, la solidaridad de los trabajadores y una mayor articulación de las luchas urbanas con las luchas agrarias y populares cambiaría el escenario. La ética y la razón están del lado de los campesinos indígenas.
Pero, lo que esta en juego, no es solo la vida y la cultura de los pueblos agrarios, es mucho mas que eso, es que la tierra y los bienes naturales queden totalmente subordinados al capital financiero, a los buitres, a la timba. Esta en juego la soberanía alimentaria, las fuentes de agua dulce y los bosques.
Quizás sea tiempo de que el movimiento popular en su conjunto, (el movimiento sindical, los intelectuales, artistas, políticos), profundice el debate sobre la tierra como un tema central para la emancipación de nuestro pueblo. Ahora, en plena campaña, donde debatimos sobre que modelo de país queremos, sería importante poder contextualizar que la estigmatización del pueblo mapuche, la desaparición de Santiago Maldonado, la militarización de los territorios requiere propuestas políticas de fondo, entre ellas la función social de la tierra, desde una perspectiva pluricultural, que priorice los intereses del pueblo y garantice un desarrollo en armonía con la naturaleza, como uno de los pilares para construir la justicia social y para que las generaciones venideras también puedan debatir su futuro.
*El autor es miembro de la Coordinacíon Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y de la Secretaria de Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) Vía Campesina.
Fuente: Infonews http://www.infonews.com
