Pronunciamiento de la CONROA contra el Banco Mundial y sus políticas extractivistas en Honduras



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La Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) en el marco del evento “Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales” realizado el 3 y 4 de febrero de 2014 en el Hotel Intercontinental de Tegucigalpa, Honduras, entre el Banco Mundial y el Gobierno de Honduras representado particularmente por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), se pronuncia de la siguiente manera: 

Según lo ha informado el mismo INHGEOMIN en la actualidad existen unas 487 concesiones de minas otorgadas a compañías mineras, de estas 146 son minería metálica de las cuales 114 se encuentran en explotación en 14 de los 18 departamentos del país, especialmente en Santa Bárbara, Olancho, Francisco Morazán, Comayagua y El Paraíso. Todo lo anterior sin tomar en cuenta que existen otras 140 cuarenta explotaciones denominadas No Metálicas entre las que se cuentan varias explotaciones de Oxido de Hierro, enorme paradoja: Solamente en Honduras el hierro no es metal!
Todas estas concesiones de minería metálica y no metálica atentan contra el medio ambiente y la salud de las personas en cientos de comunidades debido a lo cual son cada vez mayores los reclamos de la gente para que prevalezcan sus derechos humanos, tales como el derecho a la salud, a la alimentación, al agua y en fin… a la vida, antes de hacer valer los negocios de unas pocas personas y empresas nacionales e internacionales.
Para el pueblo ha quedado demostrado que la minería, especialmente la metálica MATA a las personas y todos los demás seres vivos por su alta toxicidad, por el manejo de metales pesados como el cianuro, el arsénico y el mercurio, las comunidades del Valle de Siria en el departamento de Francisco Morazán son testigos de este infierno y es por eso que muchos municipios ahora han declarado que no quieren Minería.
Por esta manera de pensar se persigue a los defensores de los derechos, se persigue a quien defiende los territorios y ni siquiera se les da el derecho de pronunciarse en sus municipios, NO… el gobierno de JOH y sus cómplices corporaciones municipales, continúan su cruzada de alquilar y vender los territorios contra viento y marea y no dan lugar a la consulta vinculante.
Como ya lo hemos denunciado en muchas ocasiones, la actual ley de minería no ha servido para regular realmente la actividad minera y su aplicación, más bien resulta desventajosa para las comunidades puesto que no considera vinculante la consulta a las comunidades antes del momento de prospección y/o exploración, es decir antes de que existan compromisos entre el Estado y las compañías Transnacionales.
Una ley de minería que lejos de proteger a las comunidades en donde se lleva a cabo esta actividad industrial, más bien las deja en desventaja frente a la libertad en que operan estas compañías amparadas por las garantías que les concede el Estado hondureño para que puedan “invertir” en el país.
Un estudio reciente, muestra cómo la industria minera ha resultado en el desplazamiento de otras actividades productivas como la caficultura. En este estudio se demuestra que a pesar de que la caficultura ocupa casi el mismo espacio del territorio nacional (2.17%) que la minería (2.85%), la caficultura genera más empleo, divisas y distribución de la riqueza. Entonces ¿porque el Banco Mundial y el Estado no optan por apoyar a más de 120 mil productores de café? a quienes recientemente la roya les afectó seriamente sus cultivos y el Estado Hondureño les ha dejado desprotegidos, sino que por el contrario han decidido apoyar una industria que genera conflicto social pues la minería compite por espacio, agua territorios etc.
La minería no ha sido un factor de desarrollo en ningún país, ya que sus impactos ambientales y sociales no son compensados por los ingresos y los escasos empleos que generan.
Es por todos estos motivos que la CONROA se pronuncia en contra de este evento que realizan Banco Mundial, INGEOMIN y Gobierno de JOH para impulsar una actividad que ha provocado no sólo daños ambientales, sino también conflictos sociales y el despojo del legítimo territorio a las poblaciones hondureñas.
No podemos seguir soportando que el Gobierno sea cómplice de las compañías mineras. No podemos seguir soportando que las empresas de seguridad al servicio de las mineras atropellen a la población que piensa distinto y que persiga hasta la muerte a las y los defensores de Derechos Humanos y Ambientales.
Exigimos que el Estado hondureño cumpla con el papel que le corresponde y que el destino de los bienes naturales de Honduras, entre ellos el territorio, se discuta en espacios incluyentes en donde las comunidades mismas puedan expresar también su punto de vista, pues son ellas quienes al final sufren todas las consecuencias del extractivismo que hoy los administradores del Estado impulsan como la gran panacea para el desarrollo nacional a costa del empobrecimiento y la muerte de hondureñas y hondureños.
Tegucigalpa, febrero de 2015


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