"ThyssenKrupp", una multinacional tóxica en Brasil



En el marco de la Cumbre de los Pueblos de Rio las organizaciones de la sociedad civil organizaron visitas a proyectos tóxicos en Rio de Janeiro

Como parte de los “Toxic Tour” en Rio de Janeiro, un grupo de activistas, periodistas e investigadores hemos visitado un proyecto que está causando graves impactos sociales y ambientales a la comunidad de Santa Cruz.

La empresa siderúrgica ThyssenKrupp Atlantic Steel Company (TKCSA) se instaló en Rio después de haberlo intentado sin éxito en otros estados brasileños. Las actividades de la empresa llevan consigo graves impactos medioambientales como la liberación de partículas de hierro en el aire o la emisión de toneladas de dióxido de carbono, tantas como para aumentar las emisiones en la ciudad de Rio de Janeiro a un 76%.
Estas actividades han tenido efecto directo sobre la comunidad que convive día a día con la empresa alemana, las instalaciones de la siderúrgica están pegadas a las casas de la comunidad. Cuando esta empresa se instaló en Santa Cruz no hubo ninguna conversación previa con la comunidad, no se compraron las tierras ni hubo ningún proceso de consulta. De hecho hoy en día la empresa sigue operando sin licencia. Des de que se inició la construcción de la siderúrgica los vecinos de Santa Cruz han sufrido sus impactos. Entre 2004 y 2005 se inició la construcción de esta mega infraestructura para la cual desviaron el cauce del rio que pasaba por la comunidad para poder construir sobre tierra seca. Llegó el periodo de lluvias y el río se desbordó produciendo inundaciones en toda la zona lo que causó graves problemas entre las familias como la pérdida de sus casas. “La empresa nunca se hizo responsable de ello”, nos cuenta Maria Regina De Paolo, una de las mujeres de Santa Cruz que perdió su casa durante las inundaciones.
Además las actividades de drenaje, las obras de la empresa y el aumento de la circulación de grandes navíos en la bahía y los canales ha impedido a los pescadores de la comunidad que continúen ejerciendo su actividad. Por un lado, la empresa ha cerrado el paso a los pescadores por el tráfico de navíos y por otro ha contaminando el agua con metales como el Cadmio o el Zinc. Los peces están desapareciendo de la región y la comunidad es cada vez más vulnerable ya que familias enteras dependen de la pesca para sobrevivir.
La comunidad se ha manifestado en diversas ocasiones para denunciar los impactos que a la empresa está provocando e incluso algunos han decidido llevar su caso ante los tribunales brasileños. La empresa por contra ha impulsado proyectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como la construcción de una escuela y la remodelación de un hospital. La lectura mayoritaria de la comunidad la resumía un pescador, “la empresa está adoptando el papel del Estado intentando suplir sus obligaciones”. La aplicación de estas políticas de RSC ha provocado conflictos dentro de la propia comunidad, entre los que todavía creen que regulando la actuación de la empresa por las autoridades brasileñas será posible aportar desarrollo a la comunidad y los que creen que una empresa que por un lado les aporta servicios que debe dar el estado y por otro los mata poco a poco nunca podrá aportar beneficios a la región.
Este es solo uno de los muchos conflictos socioambientales que producen las empresas extractivas en todo el mundo. Según la economía verde, o mejor dicho, el capitalismo verde estas empresas van a contribuir en la lucha contra la pobreza. Mientras el clima de impunidad sigue imperando, mientras no exista un control real tanto por parte de los Estados como de instancias internacionales de la actividad de las empresas no podremos caminar hacia un verdadero desarrollo sostenible basado en la justicia social y ambiental.



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