Geopolítica de la inseguridad alimentaria

Autor: Lester R. Brown
 

Una peligrosa geopolítica de la escasez de alimentos está emergiendo, en la cual diversos países que actúan en el propio interés, refuerzan las tendencias actuales causando el deterioro de la seguridad alimentaria global. Esto comenzó hacia finales de 2007, cuando algunos países exportadores de trigo como Rusia y Argentina, intentaron contrarrestar subas en sus precios internos mediante el gravamen, limitación o prohibición de las exportaciones. Vietnam prohibió la exportación de arroz durante varios meses, y algunos otros exportadores menores también lo hicieron así. Pero mientras esas decisiones aseguraron los suministros de la población de los países exportadores, se creó pánico en los importadores.
En ese momento, como los precios del mercado mundial de granos se triplicaron, los gobiernos de los países importadores de alimentos cayeron en la cuenta de que ya no podían confiar en los mercados para el suministro. En respuesta, algunos intentaron concretar acuerdos bilaterales para asegurar el comercio futuro de granos a largo plazo. Filipinas, un importador líder de arroz, negoció un contrato de tres años con Vietnam para garantizarse 1,5 millones de toneladas de arroz al año. Una delegación de Yemen, que ahora importa la mayor parte de su trigo, viajó a Australia para negociar la provisión a largo plazo y cubrir sus importaciones. Egipto también llegó a un acuerdo de largo plazo con Rusia para importar 3 millones de toneladas de trigo por año. Otros importadores trataron de hacer acuerdos similares, pocos tuvieron éxito.
Esa incapacidad de negociar acuerdos comerciales a largo plazo, fue acompañada por un novedoso tipo de respuestas en medio del aumento de la demanda por parte de los países importadores: buscaron comprar o alquilar grandes superficies de tierra cultivable en otros países. Así como se está complicando el suministro de alimentos, también estamos presenciando una lucha sin precedentes por la posesión de la tierra que ahora cruza las fronteras nacionales. Libia importa el 90% de sus granos, y preocupados por la continuidad de los suministros, fue uno de los primeros países en buscar tierras en el extranjero. Luego de más de un año de negociaciones llegó a un acuerdo para la explotación de 100.000 hectáreas en Ucrania para cultivar trigo destinado a su propia población.
Resulta sorprendente el gran número de acuerdos de compra de tierras que se han negociado o están en estudio. En 2009 el Internacional Food Policy Research Institute (IFPRI) hizo un relevamiento de cerca de 50 acuerdos, basándose en extensos reportes e informes de prensa a lo largo y ancho del planeta. Nadie sabe exactamente cuántos de estos acuerdos existieron ni cuántos habrá en el futuro. Estas adquisiciones masivas de tierras para cultivar alimentos en otros países es uno de los más grandes experimentos geopolíticos jamás realizados.
Los roles de los gobiernos en la adquisición de tierras son variables. En algunos casos quienes adquieren las tierras son directamente empresas estatales. En otros las compras las realizan entidades privadas, con fuerte apoyo diplomático oficial de parte de los países inversores, para lograr el objetivo de un acuerdo que les resulte favorable. Los países compradores de tierras son aquellos cuyas poblaciones exceden las capacidades productivas de sus tierras y sus recursos hídricos. Entre ellos se encuentran Arabia Saudita, Corea del Sur, China, Kuwait, Libia, India, Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Arabia Saudita está actualmente buscando comprar o alquilar tierras en al menos 11 países, incluyendo Etiopía, Turquía, Kazajstán, Filipinas, Vietnam y Brasil.
En contraste, los países anfitriones que venden o alquilan sus tierras, a menudo tienen población con muy bajos ingresos, y más a menudo todavía, son aquellos en los que el hambre crónica y la desnutrición están bien instaladas. Algunos inclusive dependen del Programa Mundial de Alimentos (WPF) para conseguir al menos una parte de los suministros alimentarios básicos. En Marzo de 2009 los sauditas celebraron la llegada del primer cargamento de arroz producido en tierras adquiridas en Etiopía, un país donde el WPF está trabajando para tratar de cubrir las necesidades de alimentación mínimas de unos 5 millones de personas. Otro lugar donde los saudíes realizaron una importante adquisición de tierras fue Sudán, irónicamente el país donde WPF hace los mayores esfuerzos en su lucha contra el hambre.
China se destaca por la envergadura de sus inversiones. La empresa ZTE International se aseguró los derechos sobre 2,8 millones de hectáreas en la República Democrática del Congo, destinadas totalmente a la producción de aceite de palma utilizado para la fabricación de biodiésel, lo cual indica claramente que la creciente competencia entre los alimentos y el combustible también está empujando esta novedosa tendencia. La comparación surge inmediatamente con los 1,9 millones de hectáreas destinadas por los 66 millones de habitantes del Congo para producir maíz, su alimento básico. Al igual que Etiopía y Sudán, el Congo depende también del salvavidas que le tiende el WFP. Entre los demás países en los que China ha adquirido tierras o planea hacerlo figuran asimismo Australia, Rusia, Brasil, Kazajstán y Myanmar.
Corea del Sur, líder importador mundial de maíz, es también un inversor importante en tierras. Con contratos firmados por casi 690.000 hectáreas en Sudán para plantar trigo, es otro de los líderes en esta nueva campaña para garantizar su seguridad alimentaria. Para verlo en perspectiva, esa superficie es casi las tres cuartas partes de lo que Corea del Sur destina actualmente dentro de sus fronteras para producir arroz, su alimento básico. Los coreanos ahora también pusieron su mira en el “lejano este” de Rusia, donde planean cultivar maíz y soja.
Una característica poco percibida en estas adquisiciones de tierras es que allí también se producen necesarias tomas de posesión de los recursos hídricos. Ya sea que la tierra sea regada por el régimen de precipitaciones naturales o por irrigación artificial, igualmente esto siempre representa una sobredemanda sobre los recursos hídricos del país anfitrión. Las compras de tierras en Sudán, donde las aguas del Nilo ya están utilizadas al máximo, podrían significar que Egipto reciba en el futuro menos agua del mismo río, lo cual hará a este país más dependiente aún del grano importado.
Estas transacciones bilaterales con tierras productivas plantean muchos interrogantes. Para empezar, dichas negociaciones y los acuerdos derivados carecen de transparencia. Normalmente sólo unos pocos funcionarios de alto rango están involucrados y los términos son confidenciales. A menudo hay muchas partes interesadas, como los agricultores, que no son invitadas a la mesa de negociaciones, y frecuentemente se enteran de los resultados e implicancias luego de que los acuerdos fueron firmados. Como raramente existen tierras productivas ociosas en esos países, muchos agricultores locales simplemente son obligados a desplazarse. Esto ayuda a explicar el surgimiento de hostilidades que son frecuentes en los países anfitriones.
China, por ejemplo, firmó un acuerdo con el gobierno de Filipinas para alquilar más de un millón de hectáreas de tierra con el objeto de producir cultivos totalmente destinados a su consumo interno. Una vez que se conoció esto, los agricultores filipinos estallaron en una protesta que obligó a sus funcionarios a deshacer el acuerdo. Una situación parecida se vivió en Madagascar, donde la empresa Daewoo Logística (de Corea del Sur) negoció con los gobernantes los derechos sobre más de un millón de hectáreas de tierras productivas, un área equivalente a la mitad del tamaño de Bélgica. Esto hizo explotar un escándalo político cuyas consecuencias fueron la caída del gobierno y la cancelación del acuerdo. Actualmente China está enfrentándose a la oposición interna frente a sus pretensiones de quedarse con más de 2 millones de hectáreas productivas en Zambia.
El nuevo panorama en la carrera desenfrenada por la seguridad alimentaria que se vislumbra, también plantea preguntas sobre los efectos del empleo y la mano de obra. Por lo menos dos países, China y Corea del Sur, están incluyendo en sus negociaciones la posibilidad de colocar en algunos casos a sus propios trabajadores rurales ¿Es acaso la introducción de este modelo de agricultura mecanizada a gran escala y con trabajadores extranjeros lo que se necesita en estos países anfitriones, donde la desocupación y la indigencia es ya un flagelo desbordado?
Si como es de esperar, todo esto hace subir los precios de los alimentos en el país anfitrión, ¿tendrán entonces que contratar los inversores a las fuerzas de seguridad para proteger las cosechas, y evitar así que los hambrientos lugareños se las lleven a su casa? Conscientes al parecer de este potencial problema, el gobierno de Pakistán está tratando de vender o alquilar 400.000 hectáreas de sus tierras productivas, ofreciendo además una fuerza de seguridad de 100.000 hombres para proteger los activos de los inversores.
Otra dimensión impredecible y muy preocupante de estas inversiones en tierras, es que estos peligrosos experimentos están llevándose a cabo en países como Indonesia, Brasil y la República Democrática del Congo, donde normalmente implican expansiones de tierras cultivables en detrimento de bosques nativos y selvas tropicales, las cuales absorben naturalmente grandes cantidades carbono. Esto podría elevar aún más los ya peligrosos niveles de emisiones globales de carbono, aumentando la amenaza climática para toda la humanidad.
El gobierno japonés, el IFPRI y otras instituciones han sugerido la necesidad de un código de inversiones que pueda regir estos acuerdos de adquisición de tierras en otros países, apuntando a la necesidad de enmarcarlos en una reglamentación que respete los derechos de las poblaciones en los países receptores de la inversión, tanto como los derechos de los inversores. El Banco Mundial, el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ya han elaborado un conjunto de normas y principios recomendados para inversiones responsables en este nuevo tipo de agricultura. Toda esta normativa probablemente vaya modificándose a medida que esta clase de negociados avancen.
La creciente inseguridad alimentaria mundial es el la consecuencia natural de una nueva geopolítica de la escasez de alimentos, en la cual la competencia por la tierra y el agua ya está cruzando las fronteras nacionales. El riesgo es que esto incremente y agrave en forma exponencial el hambre y la inestabilidad política, conduciendo rápidamente a más países hacia su descomposición.

Adaptación del Capítulo 1 “Vendiendo nuestro futuro”, del libro “Plan B 4.0 – Movilizarnos para Salvar a la Civilización” de Lester R. Brown, (New York: W.W. Norton & Company, 2009) - Traducción: Horacio Drago
 
 
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