Proyectos hidroeléctricos en Chile y Brasil: Las represas hacen agua
Por Virginia MatosEl denominador común de dos megaproyectos hidroeléctricos a instalarse en Chile y Brasil es el fuerte cuestionamiento por parte de organismos gubernamentales y la sociedad civil a los estudios de impacto ambiental realizados por las firmas proponentes. Ambos casos también comparten la flexibilidad de las decisiones políticas a favor de los emprendimientos en detrimento de los argumentos oficiales técnicos.
El proyecto de HydroAysén para construir 5 represas en la Patagonia chilena ha sido objeto de múltiples cuestionamientos populares y gubernamentales que tuvieron como corolario la suspensión de los trámites para la obtención de los permisos ambientales por parte del consorcio proponente.
El último 20 de noviembre Associated Press confirmó dicha suspensión por un lapso de nueve meses. El motivo es que las firmas deben responder nada más ni nada menos que a 2.643 observaciones realizadas al proyecto por varios organismos públicos.
HidroAysén, constituida por la filial local de Endesa España y la empresa local Colbún, se creó para erigir cinco centrales hidroeléctricas en Aysén, en los ríos Baker y Pascua, que generarán 2.750 megavatios a un costo de 3.200 millones de dólares.
Según indica la agencia de noticias, el gerente de HidroAysén, Hernán Salazar, dijo que la suspensión “es una alternativa enteramente habitual en este tipo de procesos, y servirá para contar con el tiempo necesario para complementar la información” del estudio de impacto ambiental (EIA).
Duro cuestionamiento gubernamental
Aunque el gobierno chileno no ha rechazado el megaproyecto definitivamente, como lo demandan diversas organizaciones ciudadanas, sí ha cuestionado duramente los estudios realizados por HydroAysén.
“Los servicios públicos están a la altura de una evaluación de la complejidad y envergadura del proyecto HidroAysén. Sin embargo, el EIA del proyecto no ha estado a la altura. Ese es un dato concluyente y categórico. Basta leer los informes presentados (para ver que) hay un conjunto de servicios que son consistentes en señalar que la información proporcionada por la empresa no resulta suficiente para una adecuada evaluación del proyecto”, declaró la ministra de medio ambiente chilena, Ana Lya Uriarte (1)
Según informa la prensa chilena, la secretaria de Estado indicó que entre los estudios presentados por varios organismos estatales, se destacan por su dureza los de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y los de la Dirección General de Aguas (DGA) que hablan de “infracción manifiesta” a normas ambientales vigentes y la ausencia de “información esencial y relevante” en el estudio presentado por los responsables del emprendimiento, idéntico argumento con que en 2007 la autoridad ambiental de la región rechazó la central hidroeléctrica en río Cuervo. También es significativo el hecho de que la Comisión Nacional de Energía, que en general ha tenido una opinión favorable sobre proyectos que aseguren la matriz energética, haya presentado 14 observaciones. (2)
Si bien la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) está facultada “a no pedir aclaraciones o adendas a la empresa, permitiendo a la autoridad elaborar un documento consolidado que resuma los 24 informes de organismos públicos consultados y, en consecuencia, rechazar directamente el EIA”, en febrero de este año, el proyecto fue “explícitamente respaldado por el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma”. (3)
Rechazo popular
El “Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena”, conformado por más de 20 organizaciones de Chile y el mundo, constituye la resistencia social más importante al megaproyecto. “La construcción de un número todavía indeterminado de grandes proyectos hidroeléctricos de embalse en la Patagonia chilena se cierne hoy como una grave amenaza a la integridad ambiental de este valioso territorio y, por lo tanto, es motivo de preocupación a nivel nacional y mundial”. Dicha construcción “implicaría la transformación irreversible de un vasto territorio de alta pristinidad –casi desconocido, de belleza única en el mundo y que constituye un patrimonio ambiental de valor incalculable– en un lugar lleno de represas y cruzado por enormes tendidos eléctricos. Si estos proyectos fuesen autorizados se estaría permitiendo que el monopolio eléctrico que persigue su implementación por intereses comerciales privados, se apropie gratuitamente de este valioso capital natural de todos los chilenos, y que sepulte, de paso, el sueño de Aysén de ser una región capaz de conservar su calidad ambiental”, señala el libro “Patagonia chilena sin represas”, elaborado por 30 profesionales de diversas disciplinas a iniciativa del Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena.
“Es importante recordar que el aporte de las centrales de Aysén no sería antes del año 2015, lo que no soluciona la supuesta crisis energética proyectada para finales de esta década, con la que se pretende justificar su construcción. Existen numerosas opciones tecnológicas para enfrentar la mayor demanda eléctrica de Chile, sin tener que destruir la Patagonia chilena”, agrega la publicación.
Uno de los hitos más recientes en este conflicto lo marcó la maratónica jornada del 25 de noviembre en Aysén, en la que organizaciones regionales y nacionales y centros de investigación presentaron más de 11 mil observaciones al EIA de HidroAysén. Los cuestionamientos constituyen “el mayor número nunca antes presentado a una iniciativa sometida en Chile a evaluación ambiental”. (4)
Aaron Sanger, director de la campaña de la Patagonia de International Rivers Network, señala que los impactos del emprendimiento hidroeléctrico “incluyen una multitud de familias desplazadas, la destrucción de formas de vida tradicionales como la agricultura y la ganadería, la ruina del turismo local y la desaparición de los bosques. Solamente las líneas de transmisión requerirían la tala de miles de hectáreas de bosques que no se encuentran más que en la Patagonia, la división de muchas comunidades chilenas y el daño irreversible a varios parques nacionales, entre los que se incluyen algunos de los parques más hermosos de la Tierra, como el Parque Nacional Hornopirén y el Parque Nacional Corcovado. (…) De acuerdo a la más reciente encuesta confiable, la mayoría de los chilenos se opone a estos planes debido al daño medioambiental que causarían”. (5)
Respecto a los duros cuestionamientos estatales y la suspensión de la tramitación para la obtención de los permisos ambientales efectuada por el propio consorcio proponente, el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo sostuvo que “cualquier plazo que se de a la empresa para responder las observaciones no servirá de nada. No se puede arreglar un estudio que parte mal desde su origen”. (6)
Para Rodrigo, “la ilegalidad cometida por el intendente de Aysén, Selim Carrasco, de decidir unilateralmente sobre el estudio sin consultar a la COREMA, claramente fue una solución desesperada al grave problema que se les produjo ante la avalancha de observaciones que apuntaban a su rechazo. Ello da cuenta de las irregularidades cometidas en esta tramitación, lo que están dejando en entredicho la institucionalidad”. (7)
El espejo de los proyectos brasileños
Al igual que en el caso de los proyectos hidroeléctricos para Aysén, los estudios de impacto ambiental de los del río Madeira en Brasil, recibieron fuertes cuestionamientos oficiales y ciudadanos, a pesar de que luego las decisiones políticas resultaron favorables a las empresas concesionarias.
Este conflicto adquirió ribetes internacionales, ya que desde 2006, el gobierno boliviano ha manifestado su resistencia a la construcción de las represas que se ubicarán en la frontera con Bolivia, temiendo que inunden parte de su territorio. Pero el gobierno brasileño ha hecho oídos sordos al reclamo de sus vecinos.
Según el Bank Information Center (BIC) (8) “el complejo hidroeléctrico del río Madeira se constituirá en el proyecto hidroenergético más grande de la Amazonia. Embalsará el segundo río más caudaloso de la cuenca, inferior solamente al mismo río Amazonas (…) El curso de agua drena una de las regiones de mayor diversidad física y biológica del mundo que es compartida por tres países: Bolivia, Brasil y Perú”.
La organización indica que “los estudios de impacto ambiental de las dos represas del complejo situadas río abajo-Santo Antonio y Jirau-en territorio brasileño, identificaron impactos de muy alta magnitud que afectarían a los peces, la fauna, la flora, la población y propiciará la propagación de enfermedades tropicales. (…) La mayor parte de los impactos no obedecen a fronteras internacionales y pueden afectar también a territorio y población boliviana y peruana”.
Las hidroeléctricas en el Río Madeira constituyen uno de los emprendimientos principales de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA), un acuerdo de los gobiernos sudamericanos para impulsar la construcción de megaproyectos en transporte, energía y comunicaciones.
El BIC explica que para el Estado brasileño “la construcción de las represas representa satisfacer la urgente necesidad de energía eléctrica de sus ciudades industriales, facilitar la salida de su producción de soja hacia los puertos del Pacífico, mediante las hidrovías en el Madeira, y afianzar su presencia geopolítica en América del Sur. Para las empresas, la construcción de represas constituye un negocio de más de 8 mil millones de dólares, además de controlar la distribución de 6.400 megavatios (MW) que generarían las represas de Jirau y Santo Antonio”.
Autorizaciones polémicas
En enero de 2008, la Agencia Nacional de Energia Eléctrica (ANEEL) de Brasil adjudicó la licitación de la represa Santo Antonio al Consorcio Madeira Energía, conformado por Furnas (39%), Odebrecht (18%), Andrade Gutierrez (12%), Cemig (10%) y un fondo formado por los bancos Banif y Santander (20%).
Según el BIC, en agosto 2008, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) le otorgó la licencia de instalación para iniciar las obras de construcción de la represa. “Sin embargo, de acuerdo al parecer técnico del organismo la licencia no debió ser otorgada. Su presidente, Roberto Messias Franco, la otorgó sin consultar la opinión de su equipo. La decisión política de conceder la licencia había sido anunciada anteriormente por el Ministro de Medio Ambiente, Carlos Minc”, quien como se verá más adelante también tuvo una actuación opaca respecto a la autorización para la construcción de la represa de Jirau.
La licitación de Jirau fue concedida en mayo de 2008 al Consórcio Energia Sustentável do Brasil (CESB), liderado por el grupo francés Suez (50%), Carmargo Correa (10%), Eletrosul Centrais (20%) y Compañia hidroeléctrica de San Franciso (20%). Alegando la reducción de costos, el consorcio propuso una modificación en la localización de la represa, a 9 quilómetros de la ubicación propuesta inicialmente. Para los activistas, las modificaciones al proyecto requieren nuevas audiencias públicas y discusiones con la sociedad, a pesar de las garantías de Suez de que el impacto ambiental será menor con las alteraciones programadas.
El ministro Minc admitió que el cambio de ubicación propuesto para la central de Jirau “aumentará el área inundada respecto del proyecto original”. Como contrapartida, “aseguró que también tendrá impactos positivos, como la mejor administración de los sedimentos del río, la reducción del volumen de roca que será excavada y la mejor preservación de los peces locales, además del abaratamiento del proyecto”. (9)
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edison Lobão aseguró que “el cambio de la localización de Jirau no está garantizado”. (10)
En marzo de 2007 el IBAMA había negado la licencia ambiental preliminar para ambas represas. A juicio de los técnicos del organismo, las propuestas de mitigación de los impactos ambientales identificados adolecieron de fragilidad y no se determinó la magnitud de otros impactos. Por eso, el equipo técnico del IBAMA concluyó que no podía garantizar la viabilidad ambiental de las represas de Jirau y Santo Antonio, recomendando la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental de más alcance, tanto en territorio nacional como en territorios transfronterizos.
El informe técnico negativo generó una crisis en el organismo. Como consecuencia, en abril de 2007 el gobierno de Lula Da Silva decidió el cambio de sus autoridades. Tres meses después la nueva junta directiva concedió la licencia basándose en estudios adicionales.
Para Roberto Smeraldi, director de Amigos de la Tierra Amazonia Brasileña, estos hechos confirman nuevamente que las decisiones respecto a las obras del Complejo del Madeira “son políticas y sin base técnica”.
Revés judicial
A fines de noviembre de 2008, el juez federal del estado de Rondônia, Élcio Arruda suspendió la licencia parcial de instalación concedida por el IBAMA a la empresa concesionaria de la represa de Jirau. La empresa está sujeta a una multa diaria de 100 mil reales en caso de incumplimiento. De acuerdo con el juez, las obras no pueden ser iniciadas con una licencia temporal en razón del gran impacto ambiental que causarán. Solamente con una licencia integral podrán comenzar los trabajos de construcción, ya que existe riesgo de daño irreparable, advierte Arruda (11).
La legislación brasileña exige tres etapas en el proceso de concesión de autorizaciones para este tipo de proyectos: previa, de instalación y de operación, pero Minc creó la figura de “licencia parcial” para el caso de Jirau, para viabilizar así el comienzo de las obras que ahora la justicia federal ahora suspendió. www.ecoportal.net
V. Matos es periodista uruguaya. Parte de esta nota fue publicada en el Suple Energía de La Diaria, 5/12/08. Montevideo.(10) Agencia Brasil, 12/11/08
(11) www.riomadeiravivo.org, 22/11/08
